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CEOE Aragón y CEPYME Aragón han expresado su oposición a la subida unilateral y sin consenso del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anunciada por el Gobierno, al considerar que se ha impulsado al margen del diálogo social y sin una evaluación rigurosa de su impacto sobre el empleo, las empresas y los trabajadores autónomos en Aragón.
Las organizaciones empresariales advierten de que esta decisión afecta de forma directa a la estabilidad del tejido productivo, especialmente en un contexto de elevada presión de costes y pérdida continuada de empresas, y reclaman un enfoque basado en el consenso, la gradualidad y el rigor técnico.
CEOE Aragón y CEPYME Aragón denuncian la falta de respeto al diálogo social cuando las propuestas se filtran a los medios de comunicación antes de plantearse en la mesa de negociación. Sustituir la concertación social, amparada por el artículo 7 de la Constitución, por una política basada en anuncios públicos y puesta en escena genera confusión, polarización y falta de seguridad jurídica.
Desde ambas organizaciones se subraya que el diálogo social real es un pilar fundamental para garantizar estabilidad económica y social, así como para adoptar decisiones equilibradas que tengan en cuenta la realidad de empresas y trabajadores.
La información conocida apunta a la sustitución de la necesaria indexación de los contratos públicos por fórmulas que no compensan los costes asociados a la actualización del SMI. Estas medidas excluyen, de forma especialmente preocupante, a las empresas en pérdidas, así como a cooperativas y entidades sin ánimo de lucro.
Además, establecen condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas y suponen una nueva injerencia en la negociación colectiva y en la libertad de empresa, alterando equilibrios pactados entre las partes.
El SMI fijado en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas supone un salario anual de 17.094 euros brutos. Sin embargo, esta cifra no refleja el coste real que asumen las empresas, ya que a ella se suman las cotizaciones a la Seguridad Social y otros costes asociados.
En términos prácticos, contratar a un trabajador con SMI puede situar el coste mensual para la empresa en torno a los 1.900 euros, superando los 22.000 euros anuales. En el caso de las microempresas, estructura dominante en Aragón, y en sectores intensivos en mano de obra como la agricultura, la hostelería, la limpieza o los cuidados, este incremento impacta de forma inmediata en la tesorería y condiciona decisiones de contratación y mantenimiento del empleo.
Las organizaciones empresariales advierten de que la subida del SMI no afecta únicamente a quienes perciben el salario mínimo. Genera un efecto arrastre que obliga a reajustar tablas salariales y categorías próximas al SMI en numerosos convenios sectoriales para mantener jerarquías profesionales y coherencia interna.
Este proceso implica revisiones al alza de categorías cercanas, reequilibrios de escalas salariales y tensiones sobre complementos y progresiones internas, elevando el coste laboral de forma generalizada.
Asimismo, alertan del riesgo que supondría limitar o prohibir la compensación y absorción de complementos salariales, ya que rompería los equilibrios pactados en la negociación colectiva y generaría incrementos adicionales imposibles de asumir para muchas pymes y micropymes.
En territorios con menor renta y productividad relativa, una parte más amplia de la estructura salarial se sitúa próxima al SMI. Por ello, las subidas tienen un impacto comparativamente mayor y pueden traducirse en menor contratación, aumento del desempleo y cierres de empresas incapaces de asumir el incremento de costes.
Cuando el empleo se encarece de forma abrupta y por decreto, sin margen para ajustar productividad o precios, aumentan los incentivos a prácticas irregulares como horas no declaradas, pagos informales o contrataciones parciales ficticias.
Estas situaciones perjudican a los trabajadores, que ven reducida su protección, y castigan a las empresas cumplidoras, que sufren competencia desleal.
El tejido empresarial viene soportando un incremento continuado de costes laborales, energéticos, financieros y regulatorios. Las organizaciones empresariales alertan de una pérdida significativa de micropymes y pequeños comercios, con la consiguiente destrucción de empleo, lo que convierte en especialmente preocupante cualquier aumento adicional del coste mínimo de contratación sin medidas reales de acompañamiento.
Las referencias europeas sobre niveles adecuados de salarios mínimos deben interpretarse como orientativas y basarse en metodologías transparentes y comparables. No pueden utilizarse de forma simplificada para justificar subidas desvinculadas de la productividad, la realidad territorial y los efectos sobre convenios y empleo.
CEOE Aragón y CEPYME Aragón reclaman volver al diálogo social real, con negociación efectiva y evaluación rigurosa de impacto; aplicar gradualidad y garantizar seguridad jurídica respetando la negociación colectiva; poner en marcha medidas estructurales que protejan el empleo privado; y realizar estudios de impacto previos que analicen los efectos reales sobre convenios, empleo y tejido empresarial.
Ambas organizaciones subrayan que mejorar las rentas es un objetivo legítimo, pero advierten de que no puede lograrse destruyendo empleo ni debilitando a quienes lo crean.
